El Tribunal Constitucional ha declarado que la plusvalía municipal no puede exigirse en aquellos casos en que se transmita un inmueble a pérdidas.

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El pasado 15 de junio se publicó en el BOE la sentencia del TC que declara inconstitucional el impuesto de plusvalía municipal, con lo que ya tiene plenos efectos jurídicos. Sin embargo, algunos Juzgados han estado aplicando esta sentencia al margen de su publicación en el BOE. Es el caso de un Juzgado de Cartagena que en dos recientes resoluciones ha considerado que es la Administración y no el contribuyente la que debe acreditar que el valor del terreno ha aumentado tras la venta de la casa para exigir el pago del impuesto. 

La sentencia del 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional ha declarado que la plusvalía municipal no puede exigirse en aquellos casos en que se transmita un inmueble a pérdidas.

Esto significa que ahora los Ayuntamientos deben comprobar si ha habido una ganancia patrimonial. De tal modo, que ya no se pueden guiar por el artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales que consagraba la presunción de que en toda transmisión de un terreno se producía el incremento de valor del mismo. 

En definitiva, los Ayuntamientos deben a partir de ahora revisar las transmisiones que se les comuniquen, exigiendo el impuesto sólo en aquéllas en las que hayan comprobado que el valor del terreno sí se ha incrementado.

¿Qué pasa si el contribuyente es el que presenta una autoliquidación?

Si el contribuyente autoliquidó el impuesto y pretende su rectificación, demostrando que el valor del terreno no se incrementó con su transmisión, el Ayuntamiento deberá valorar la prueba aportada. Y para rechazar la rectificación solicitada deberá oponer prueba técnica que acredite que el valor del terreno efectivamente se incrementó cuando se transmitió, y que por tanto no procede la rectificación solicitada.

¿Cómo actuar hasta que se apruebe la nueva regulación del impuesto?

Lo cierto es que las liquidaciones del impuesto dictadas en los últimos años nunca han venido acompañadas de una acreditación técnica por parte del Ayuntamiento de que antes de dictar liquidación se comprobó que el valor del terreno sí se había incrementado. Por ello y e siguiendo el criterio del Juzgado de Cartagena es posible ahora solicitar la anulación de todas estas liquidaciones, si no devinieron firmes, por el simple motivo de que el Ayuntamiento no demostró, antes de exigir el impuesto, que el valor del terreno se había incrementado.